La evolución de tecnología es tan rápida que, muchas veces, los avances técnicos superan el ritmo al que se mueve el ciudadano, el legislador y la administración. Las indudables ventajas que se derivan de la innovación pueden verse limitadas por una regulación jurídica que no ha tenido tiempo de ponerse las pilas.

Este es el caso de la contratación digital. Aunque su legalidad y validez jurídica es incontestable, el canal por el que transitan -el medio electrónico- todavía suscita la desconfianza en determinados sectores de la sociedad.

En primer lugar, debemos entender qué es la validez jurídica de los contratos. Un contrato es un instrumento jurídico empleado para regular la relación entre distintas partes, determinando cuáles son las obligaciones y derechos que corresponden a cada uno. Nuestro Código Civil, en sus artículos 1.254 a 1.260, manifiesta que esta obligación contraída por las partes surge de la libre voluntad de las mismas, y establece tres requisitos fundamentales para que el contrato se entienda como tal: 1) que exista un consentimiento libre en el que se acepte la oferta expuesta; 2) el objeto cierto que sea materia de contrato, esto es, la existencia de un bien que sea interés de los contratantes, siempre y cuando no sea contrario a la ley, moral y buenas costumbre; 3) la causa jurídica del contrato, que es la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte, el servicio o beneficio que se remunera, o la liberalidad del bienhechor.

Una vez que tenemos claro el concepto de contrato, tenemos que saber cómo se hace válido, de manera jurídica, en el medio electrónico. Y esta característica se hace factible siempre que exista un consentimiento, cualquiera que sea la ubicación de las partes contratantes. El detalle está en la sustitución de la firma manuscrita por la firma electrónica actual.

En Digitel TS proporcionamos soluciones tecnológicas que garantizan lo requisitos estipulados en la ley, certificando la validez y carácter vinculante de los contratos realizados por las partes.

Tenemos que tener en cuenta que, un requisito indispensable para garantizar la validez jurídica del contrato es la garantía de que ninguna de las partes modifica los datos firmados. Así, se puede implementar una encriptación de datos o requisitos biométricos, que dificulten la modificación de los estipulado en el contrato.

La Unión Europea regula el procedimiento en su eIDAS, Reglamento (UE) Nº 910/2014, y especifica que la firma electrónica avanzada debe estar vinculada al autor de la firma de manera única, permitiendo, a su vez, la identificación del firmante. Además, señala como requisito fundamental la vinculación de la firma con los datos con el fin de evitar posibles modificaciones de los mismos.

Por lo tanto, la firma electrónica tiene la misma validez que la firma manuscrita, a la vez que posibilita la simplificación de los acuerdos y democratiza la elección de método elegido, dejando que sean las partes quienes elijan la herramienta que mejor les convenga para la formalización del contrato; siempre que esta cumpla con lo especificado en la Ley.