En un mundo dominado por lo digital, estamos tan acostumbrados a la comodidad que lo electrónico ha llevado a nuestras vidas que no nos damos cuenta de la ingente cantidad de elementos que rodean cualquier proceso de interacción virtual

Este es el caso de la firma electrónica, una tecnología que simplifica los trámites para establecer relaciones contractuales con terceros, de manera que podamos minimizar gestiones, costes económicos y, sobre todo, de tiempo. 

Las tecnologías vinculadas a la firma electrónica están condicionadas por su naturaleza y funcionamiento, los certificados vinculados, las autoridades que autorizan esa certificación, la legislación vigente aplicable, el proceso para la gestión de las claves y el software y hardware utilizados, como, por ejemplo, los dispositivos biométricos utilizados para la identificación de las partes comprometidas con la transacción. 

Junto a lo señalado, debemos tener en cuenta la existencia de elementos negativos, que surgen en la evolución de una tecnología que aún está experimentando un desarrollo madurativo. Así, la transferencia de datos a través de canales digitales está sujeta a cuestiones relativas a la ciberseguridad, dado que nuestros mensajes pueden ser interceptados y utilizados de manera fraudulenta, suplantar nuestra personalidad o utilizar los datos de carácter personal para acciones poco legales. Además, existen otros factores que surgen en el uso de esta tecnología: fallos técnicos detectados en algún punto del canal de comunicación, la negación de la validez de los documentos transferidos, el desconocimiento de protocolos y la falta de cultura digital, la existencia de normativas no consensuadas, etcétera. 

Para solventar algunas de estas incidencias, los desarrolladores de procesos de firma electrónica recurren a tecnologías de encriptación o el uso de los citados soportes biométricos, de manera que se minimice el riesgo de interacción no autorizada y mejore la confianza en las comunicaciones electrónicas. 

En el aspecto normativo, en los que se refiere al marco de la Unión Europea, se toma como referencia el nuevo reglamento eIDAS, que en su artículo 24 especifica que no será necesaria la presencia física para la obtención de un certificado en una entidad de registro, de manera que se posibilita la ejecución de los trámites a través de un canal digital. En este sentido, la normativa también exige, de manera explícita, un alto nivel de confianza en el exclusivo control, permitiendo la gestión centralizada de los certificados electrónicos. 

Junto a lo dicho, desde 2018 también se cuenta con la directiva AML5, que acaba de complementar el Mercado Único Digital, que homogeneiza la identificación electrónica en Europa, y que permite eliminar barreras entre industrias y mercados. 

Por último, es importante señalar que, dentro de la normativa europea referida al uso de canales digitales para la gestión de distintos trámites, se incide en la diferencia existente entre los servicios de autentificación e integridad, lo que conocemos con firma electrónica, y los servicios de confidencialidad, que serían los referentes a la encriptación. 

Si sigues nuestro blog, seguro que ya conoces perfectamente cuales son los procesos habituales utilizados en las relaciones contractuales digitales.